Dan a conocer antecedentes que desacreditan conclusiones de comisión investigadora sobre lucro en universidades

Una serie de inconsistencias e irregularidades fueron detectadas por los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) María José Hoffmann y Gonzalo Arenas, en el informe de la comisión investigadora sobre el lucro en las instituciones de educación superior.

De acuerdo al diputado Arenas, “las conclusiones de dicha comisión no constituyen en ningún momento una investigación seria. Si uno revisa los antecedentes, se trata simplemente de copias de un reportaje de Ciper, de junio de 2011, y del libro de María Olivia Monckeberg ‘El negocio de las universidades en Chile’. Es decir, este es un informe a lo senador Navarro, con puros copy-paste”.

En general, el parlamentario describió que en el documento “no hay ninguna verdadera investigación, no contiene antecedentes de ninguna denuncia formal en donde puedan sostener las acusaciones que el informe hace, no se invitó a la mayoría de los representantes de las universidades privadas y se hacen afirmaciones tendenciosas y falsas”.

Sobre este punto, el diputado Arenas puso como ejemplo la denuncia que expresa el texto respecto de las alzas en los aranceles de los últimos años, respecto de lo que se sostiene que ha sido de un 38%, “dando a entender que se culpa de eso a las universidades privadas, toda vez que desde el 2005 las universidades tradicionales han aumentado sus aranceles en un 27% y las privadas en un 11%”.

Los parlamentarios criticaron también que el citado informe “nada dice sobre la utilización de los recursos públicos por parte de las universidades estatales y no se reconocen los claros antecedentes de que sí hay denuncias formales de universidades públicas que han ejercido actividades que significan lucro”.

Tal es el caso de la Universidad de Santiago (USACh), cuyo rector, Juan Manuel Zolezzi, es vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores y ha negado que exista lucro en las universidades que conforman el CRUCH.

Sin embargo, los parlamentarios de la UDI acusaron que un informe entregado por la Contraloría en 2009, señaló que durante 2008 y 2009, la Sociedad de Desarrollo Tecnológico de Santiago, que pertenece en cerca de 90% a la USACh, recibió unos $ 1.200 millones por cobros de servicios que le hacían a las mismas facultades de la universidad.

“La Contraloría en su informe señaló que esta sociedad nunca emitió facturas por prestación de servicios y nunca pagó impuestos a la renta y, además, el informe señaló otras graves irregularidades como que se pagaba con platas de esa sociedad a profesores o funcionarios que trabajaban en la propia universidad”, acusó Arenas.

En este contexto, la diputada Hoffmann enfatizó que “nos parece lamentable la falta de rigurosidad en este informe, en la forma y en el fondo. Los antecedentes que hemos entregado hablan de la liviandad con que se hace este informe, un informe que incluso contiene partes redactadas en primera persona y errores ortográficos”.

La también vicepresidenta de la UDI hizo hincapié en que “a mí me preocupa lo que es el tema de fondo, pues existe la intención de dañar un sistema que ha contribuido a que muchos jóvenes pudiesen estudiar en la educación superior”.

“Aquí lo que se quiere es atentar contra el aporte de la educación privada a la educación superior en Chile, que podrá tener errores, que habrá correcciones que hacer, pero en lo grueso es el aporte privado lo que ha permitido que en Chile más de un millón de jóvenes puedan acceder a la educación superior”, apuntó Arenas.

Los diputados UDI concluyeron haciendo un llamado a que el Senado apure la tramitación del proyecto que crea la Superintendencia de Educación y, ante la pregunta si hay o no lucro en el sistema de educación superior, sostuvieron que “eso no lo sabemos y hay que investigarlo, por eso consideramos que es bueno que el Ministerio Público investigue y determine sanciones”.

Las 10 principales inconsistencias y errores del informe de la Comisión Investigadora de la Educación Superior

  1. No hay investigación; en lo esencial el informe reproduce un reportaje periodístico. Las conclusiones se basan en la copia entre comillas de un reportaje periodístico de CIPER de Julio de 2011, y en declaraciones de algunos invitados a la Comisión.
  2. Los informes están mal redactados, con faltas de ortografía e incoherencias, que hacen difícil su lectura y el seguimiento de la información que entrega.
  • “sin seguimiento y corraboración de los proyectos institucionales”
  • ““quedando sujetas a las normas que afectan a los organismos de Estado y ía fiscalización de la Contraíoría”
  • “…..el estado a financiado la demanda con los créditos a los estudiantes”
  • “todas del grupo Lauréate. Lauréate Internationa! Universities”

Además, no se entiende en varios de sus capítulos a quién corresponden las declaraciones que recoge entre comillas y varias de las propuestas están redactadas en primera persona (“propongo”)

  1. No recoge denuncias formales ante el Ministerio Público, el Ministerio de Educación o alguna otra instancia formal. No hay documentos oficiales a la vista, sólo la copia de un reportaje periodístico.
  2. Incorpora una extemporánea reflexión de un filósofo francés del Siglo XVI para fundamentar las conclusiones de la Comisión, totalmente incoherente con el mandato de la misma. En su informe, los diputados se permiten una “reflexión”, asegurando que “….el Estado, a través de los distintos Gobiernos, ha practicado una suerte de servidumbre voluntaria con el mercado, ese intocable, el que está junto al altísimo, en el gran altar de los venerados.”

Para acreditar esa “reflexión”, recurre a una cita del político francés del siglo XVI, Etienne de La Boétie en el texto “Le Discours de la Servitude Volontaire“, y que es un discurso contra el absolutismo de la época.

  • “¿Cómo es posible que la mayoría obedezca a una sola persona, no sólo la obedezca sino que la sirva, y no sólo la sirva, sino que quiera servirla?”. “(el ser humano es) “el único ser que ha nacido para vivir verdaderamente libre“.
  1. Consigna como denuncia, un hecho que nunca se concretó. En el apartado “Evidencia Empírica del conflicto de interés”, fundamentan el punto sobre el supuesto ingreso del grupo de inversión Norte-Sur, ligado a ex ministros de la Concertación como Alberto Etchegaray y Sergio Molina, a la Universidad Central, el cual nunca se concretó, lo que fue informado a la SVS en un hecho esencial en octubre de 2011. Pese a ello, en el informe se señala que “solo falta el vamos del Ministerio de Educación para que la Universidad Central ahora si tenga dueños”.
  2. No hay testimonio de representantes de las universidades denunciadas. De hecho, casi ninguno fue siquiera invitado a exponer a la Comisión.
  3. 7. Hace comparaciones arbitrarias y desinformadas:
  • Compara el financiamiento del Estado para la Educación Superior específicamente con Finlandia, pero obvia que Chile invierte el 0,91% del PIB, casi la misma cifra que el promedio de la OCDE (1%).
  • Señala a la Universidad de Concepción junto a otras instituciones privadas (UDP y Alberto Hurtado), como ejemplo de instituciones privadas que brindan una educación de calidad, siendo que la primera pertenece al grupo de las tradicionales (CRUCH) y las dos últimas no.
  1. Notoria Ideologización. Las conclusiones están basadas en apreciaciones personales y políticas, respecto del sistema de educación superior, sin fundamentos, sin datos, ni estudios que confirmen esas afirmaciones:
  • Cuestiona la libertad de las instituciones de educación superior categóricamente
  • Cuestiona las cifras que las entidades privadas invierten en publicidad. No entrega antecedentes sobre esas cifras ni señala porque sería un exceso.
  • Cuestiona el aumento de las matrículas y nunca valora su impacto positivo para los alumnos más vulnerables y de sectores medios.
  • Denuncia el alza de aranceles en un 38%, pero no indica en qué carreras, ni en qué lapso de tiempo, ni las contrasta con los aranceles de las universidades públicas o las pertenecientes al CRUCH. Tampoco menciona que el alza real de aranceles desde 2005 ha sido mucho mayor entre las del CRUCH (27%) que las privadas (11%).

  1. 9. Hace un confuso análisis sobre el lucro. No queda claro qué se propone denunciar:
  • ¿A entidades que han transgredido la normativa en materia de lucro?
  • ¿A Mineduc, el Servicio de Impuestos Internos, entre otros organismos, por la debilidad en el ejercicio de su labor fiscalizadora?
  • ¿A la Comisión Nacional de Acreditación?
  • ¿A todos los Gobiernos anteriores que no cumplieron con sus obligaciones y se “abandonaron al mercado”?
  1. Hace propuestas sobre materias que ya están tramitándose en el Congreso o respecto de las cuales trabaja Mineduc.
  • Reforma Constitucional que asegure derecho a la educación.
  1. i.      En Agosto de 2011 se envió al Congreso la Reforma Constitucional que asegura la calidad de la educación en todos sus niveles.  Después de casi un año en el Congreso, aún se encuentra en 1er trámite.
  • Derogar el sistema actual de acreditación.
  1. i.      El Gobierno ha estado trabajando desde 2011 en un nuevo sistema de acreditación, reforma que será presentada en el segundo semestre de este año al Congreso, lo que ha sido de público conocimiento. Esta propuesta incorpora el criterio de acreditación por un mínimo de seis años.
  • Establecer sanciones a la contravención de la prohibición de lucrar, y prohibir y sancionar la constitución, mantención y operación con sociedades espejos relacionadas, tales como por ejemplo inmobiliarias, prestadoras de servicios, empresas de personal, etc.
  1. i.      El Proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior –cuya tramitación la Comisión recomienda detener- precisamente corrige estos y otros problemas denunciados por la comisión.

También se realizan propuestas totalmente inviables, que significaría el colapso del sistema de educación superior del país.

  • Se propone suspender toda tramitación legislativa relacionada con la educación superior (reforma tributaria, CAE, la Superintendencia, etc), hasta abordar de forma integral las conclusiones y propuestas realizadas por esta Comisión, siendo que muchos de los problemas descritos se resuelven con los proyectos que están tramitándose en el Congreso.
  • Se propone que todas las instituciones de educación superior privadas que reciban recursos públicos, cualquiera sea su origen, queden obligadas a rendir cuentas ante la Contraloría General de la República, y queden sometidas a su fiscalización respecto a la uso e inversión de esos recursos.
  • Se propone suspender todo financiamiento a las instituciones de educación superior privada, hasta que éstas no estén debidamente acreditadas de acuerdo a lo propuesto por la Comisión (lo que de hecho actualmente no se puede realizar, ya que no está permitido entregar financiamiento público a instituciones no acreditadas).
  • Se propone introducir en la normativa vigente, la figura del “interventor provisorio“, actor que jugará un rol predominante ante eventuales irregularidades u anomalías tanto en la calidad de la educación como en lo relacionado con el lucro.

Deja un comentario